Rescisión del contrato de aguas.
Mientras el Gobierno Nacional anuncia la rescisión del contrato de aguas con la empresa francesa Suez, obviamente la medida se implementa mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (que posteriormente será ratificado por el Congreso Nacional) la empresa emitió un comunicado de prensa donde informaba que había sido notificada (en el día de la fecha) que el Gobierno había decidido rescindir el contrato, aclarando que el 22 de septiembre pasado la Asamblea de Accionistas había resuelto solicitar la terminación del contrato por culpa del Concedente ante la imposibilidad de recomponer el equilibrio económico financiero y que desde esa fecha y por invitación del Gobierno se habían iniciado negociaciones para la cesión de la Empresa y agrega que no consiente las causales esgrimidas por el Estado argentino para rescindir el contrato.
No soy partidaria de la concesión del servicio público que se diera allá por el año 93, muy por el contrario, dado que se traspaso todo sin recibir nada, conforme surge del articulo 1.4 del Contrato de Transferencia (La Concesión del servicio es otorgada en forma gratuita para el Concesionario. Ello implica que éste está exceptuado de la obligación de pago de canon) . No es menos cierto que la empresa no invirtió lo suficiente y que por el contrario se estuvo violando la normativa entre otras cosas respecto a la calidad del agua potable.
No soy partidaria de la concesión del servicio público que se diera allá por el año 93, muy por el contrario, dado que se traspaso todo sin recibir nada, conforme surge del articulo 1.4 del Contrato de Transferencia (La Concesión del servicio es otorgada en forma gratuita para el Concesionario. Ello implica que éste está exceptuado de la obligación de pago de canon) . No es menos cierto que la empresa no invirtió lo suficiente y que por el contrario se estuvo violando la normativa entre otras cosas respecto a la calidad del agua potable.
Pero la conducta ilegítima de la Empresa no obliga a actuar ilegítimamente. Esta actitud traerá grandes problemas no solo a los usuarios sino al Estado argentino cuando se inicien las causas judiciales tendientes a determinar la responsabilidad de la rescisión unilateral y los daños y perjuicios serán montos nada bajos. Entonces estamos ante otro acto de gobierno irresponsable tal o peor que los actos de privatización del servicio de agua en su momento.
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